La labor de los agentes de seguros representa un componente esencial dentro del ecosistema asegurador. Su función no se limita únicamente a la comercialización de pólizas; también implica un conjunto importante de responsabilidades jurídicas, técnicas y éticas. El desconocimiento o incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en consecuencias graves, tanto para el agente como para sus clientes y la propia aseguradora. Por ello, es fundamental que todo agente tenga claridad sobre los distintos tipos de responsabilidades que pueden derivarse de su actuación, especialmente durante el proceso de suscripción de pólizas.
Estas responsabilidades se pueden agrupar en tres grandes categorías: civil, administrativa y penal. Cada una implica riesgos específicos que deben ser gestionados de forma consciente y profesional.
RESPONSABILIDAD CIVIL
La responsabilidad civil del agente de seguros puede surgir cuando, por acción u omisión, provoca un daño a un tercero, ya sea al asegurado, al beneficiario o incluso a la compañía aseguradora. Estos daños suelen tener un carácter eminentemente económico y pueden derivarse de errores involuntarios, omisiones, falta de pericia, negligencia o descuidos no dolosos, ya sea del agente directamente o de sus colaboradores.
Por ejemplo, una interpretación incorrecta de los términos y condiciones de la póliza, la omisión de información relevante sobre los riesgos del asegurado o la entrega tardía de documentación, pueden traducirse en perjuicios para el cliente que, eventualmente, podrían exigir una indemnización por daños y perjuicios. En estos casos, el agente podría ser legalmente obligado a responder con su patrimonio.
La prevención de este tipo de responsabilidad requiere no solo un dominio técnico del producto asegurador, sino también un compromiso ético con la veracidad y claridad de la información proporcionada a los clientes.
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
La responsabilidad administrativa se refiere al incumplimiento de obligaciones establecidas por normas de carácter regulatorio o administrativo que rigen la actividad de intermediación de seguros. Estas normas son impuestas por autoridades como la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), y su incumplimiento puede acarrear sanciones que van desde amonestaciones y multas económicas, hasta la suspensión o revocación definitiva de la cédula que autoriza al agente a operar.
Entre los actos que pueden generar responsabilidad administrativa se encuentran la falta de actualización de datos ante el organismo regulador, la omisión de reportes requeridos, la promoción de productos sin autorización o la falta de cumplimiento con los lineamientos en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El agente debe asumir un rol proactivo en la vigilancia de su propio cumplimiento normativo, mantener sus certificaciones al día, cumplir con los requisitos de capacitación continua y conservar registros adecuados de su actividad profesional.
RESPONSABILIDAD PENAL
Finalmente, la responsabilidad penal implica una consecuencia aún más grave, ya que puede derivar en sanciones que afecten directamente la libertad personal del agente. Esta clase de responsabilidad se genera cuando el agente incurre en conductas tipificadas como delitos, ya sea por dolo o culpa, conforme a lo dispuesto en el Código Penal, en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), y otras leyes aplicables.
Entre las conductas que pueden originar responsabilidad penal se encuentran la falsificación de documentos, el uso de información fraudulenta, la omisión dolosa de reportes obligatorios relacionados con actividades sospechosas de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, entre otras.
La prevención de este tipo de riesgos exige no solo integridad personal, sino también un conocimiento claro del marco legal vigente, la implementación de controles internos adecuados y, en muchos casos, el acompañamiento de expertos legales que orienten sobre las mejores prácticas.
LA IMPORTANCIA DE LA ACTUALIZACIÓN Y LA CAPACITACIÓN CONTINUA
En un entorno cada vez más regulado, exigente y tecnificado, la actualización profesional no es una opción, sino una necesidad. El agente de seguros que desea ejercer su labor con responsabilidad y eficacia debe mantenerse permanentemente informado sobre los cambios normativos, técnicos y operativos que impactan su actividad.
La capacitación continua permite a los agentes tomar decisiones con mayor certeza, reducir la probabilidad de incurrir en errores y establecer relaciones de confianza con sus clientes. Además, les otorga herramientas para identificar áreas de riesgo y adoptar medidas correctivas antes de que los problemas escalen.
RECOMENDACIONES CLAVE PARA UNA SUSCRIPCIÓN RESPONSABLE
Para minimizar los riesgos asociados a sus responsabilidades profesionales, se recomienda que los agentes de seguros:
Se apoyen en expertos en áreas jurídicas, técnicas y administrativas cuando enfrenten situaciones complejas o fuera de su campo de conocimiento.
Establezcan alianzas estratégicas con firmas especializadas que les brinden respaldo en procesos clave, como la revisión de cláusulas, la correcta integración de expedientes o la identificación de riesgos legales.
Implementen protocolos y procesos probados, que cumplan con los estándares normativos y mejores prácticas del sector asegurador en México.
Participen activamente en programas de formación y actualización profesional, ofrecidos por instituciones reconocidas y organismos reguladores.
Como agente de seguros tienes el deber de mantenerte actualizado para brindar una atención de calidad y calidez a tus clientes. ¡No lo pienses más! Realiza tus consultas en materia de reclamación de seguros en tiempo real en nuestra aplicación móvil Gallbo Connect.
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